Con 584 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones, el Parlamento Europeo ha aprobado las nuevas normas sobre el derecho a la reparación. Antes de convertirse en ley, la directiva deberá ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea, y luego los países miembros tendrán dos años para integrarla en su sistema legislativo.
El objetivo de la norma es simplificar y hacer más conveniente la reparación de dispositivos electrónicos, desde los móviles hasta los electrodomésticos grandes, con el fin de reducir la generación de residuos tecnológicos y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
¿Qué cambiaría si fuera definitivamente aprobada? Básicamente, se garantizará a los consumidores la posibilidad de reparar su dispositivo, en el fabricante o un centro autorizado, incluso fuera del período de garantía.
Esto significa que el fabricante deberá garantizar la disponibilidad de repuestos al consumidor incluso después de los 24 meses. No podrá apelar a cláusulas contractuales, problemas técnicos u otras trabas. Además, también estará obligado a garantizar el servicio de reparación donde el dispositivo ya haya sido reparado previamente por terceros.
En cuanto a los precios, la norma establece que las empresas deberán aplicar «precios razonables» haciendo que la reparación sea más atractiva que la compra de un producto nuevo. Además, los Estados deberán adoptar al menos una medida que incentive a los consumidores a preferir la reparación. En cualquier caso, durante los 24 meses de garantía, los consumidores podrán seguir eligiendo entre la sustitución o la reparación del producto, pero en este último caso la cobertura se extenderá por otros 12 meses.
La aprobación de la norma ha complacido al colectivo Right to Repair Europe, una asociación de más de 100 organizaciones de 21 países. Sin embargo, ya se han identificado algunas preocupaciones que, esperamos, puedan ser abordadas más a fondo.
La primera es claramente la cuestión de los precios, ya que la norma habla de «precios razonables», sin proporcionar más detalles al respecto. El colectivo teme que las empresas puedan recurrir a los llamados «factores legítimos y objetivos» para rechazar la reparación.
Además, la norma no se aplica al sector industrial, sino solo a la electrónica de consumo que ya cuenta con varias garantías. Por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos, ya existe una ley que obliga a los fabricantes a hacerlos reparables por al menos 5 años después de la compra.
De todos modos, la lista de dispositivos se podrá ampliar en el futuro y es un excelente punto de partida para combatir la obsolescencia programada. Claro que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero el compromiso en Europa, así como en los Estados Unidos, parece ser sólido.
