En el último Consejo de Ministros se aprobó un proyecto de ley para la introducción de disposiciones y la delegación al gobierno en materia de inteligencia artificial.
Según el gobierno liderado por Giorgia Meloni, el proyecto de ley no se superpone al Reglamento europeo sobre IA aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 13 de marzo, de próxima promulgación, pero «acompaña el marco regulatorio en aquellos espacios propios del derecho interno, considerando que el reglamento se basa en una arquitectura de riesgos relacionados con el uso de la inteligencia artificial».
En el proyecto de ley se «identifican criterios regulatorios capaces de rebalancear la relación entre las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y los riesgos asociados con su uso incorrecto, subutilizado o dañino». Las normas intervienen en cinco ámbitos: la estrategia nacional, las autoridades nacionales, las acciones de promoción, la protección del derecho de autor, las sanciones penales. El texto completo se puede leer en este enlace, pero hay algunos pasajes interesantes.
El gobierno prevé inversiones por un total de 1 mil millones de euros (anunciados por la presidenta Meloni), en los sectores de inteligencia artificial, ciberseguridad y computación cuántica de las telecomunicaciones y tecnologías habilitadoras, «con el objetivo de fomentar el desarrollo, crecimiento y consolidación de empresas que operen en estos sectores». Estas inversiones también se realizan mediante la creación de uno o más fondos específicamente dedicados y mediante coinversiones de otros fondos gestionados por CDP Venture Capital Sgr.
También se establecen las Autoridades nacionales de inteligencia artificial, asignando la responsabilidad a la Agencia para la Italia digital (AgID) y la Agencia para la ciberseguridad nacional (ACN) de garantizar la aplicación e implementación de la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de IA.
El proyecto de ley contempla un aumento de la pena por delitos cometidos mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, «cuando los mismos, por su naturaleza o forma de uso, hayan sido un medio insidioso, o cuando su uso haya obstaculizado la defensa pública o privada o agravado las consecuencias del delito», explica el gobierno.
«Un agravante adicional está previsto para aquellos que, a través de la difusión de productos de IA, intenten alterar los resultados de las competiciones electorales, como ya ha ocurrido en otros países europeos».
También se castiga la difusión ilegal de contenido generado o manipulado con sistemas de inteligencia artificial, destinados a engañar sobre su autenticidad, con una pena de uno a cinco años de prisión si resulta en un daño injusto. Por último, se introducen circunstancias agravantes especiales para ciertos delitos en los que el uso de IA tiene una capacidad extraordinaria de propagación de la ofensa.
